La salida del Perú del Grupo de Lima fue el punto central del pliego interpelatorio que hubiera tenido que absolver el ex Canciller Héctor Béjar en el Congreso. Si bien el gobierno no había declarado oficialmente su retiro, la preocupación de la oposición era monumental. Un stress innecesario pues no hacía falta retirarse. Bastaba no participar, como lo hace México, de una agrupación desacreditada que nació sin legitimidad en 2017 por iniciativa del ex presidente Trump, específicamente por su asesor John Bolton, ante la imposibilidad de conseguir los votos suficientes para sancionar a Venezuela en el marco de la OEA.

Las conversaciones para restablecer la convivencia democrática en Venezuela y poner fin a las sanciones económicas avanzan hoy por otras vías. El 13 de agosto, México fue sede de las mismas entre la opositora Plataforma Unitaria de Venezuela y el gobierno, con la mediación de Noruega. Estas se realizaron en un momento en el que la Unión Europea, Estados Unidos y Canadá coinciden en su disposición a “revisar las sanciones” impuestas a Venezuela si se produce «un avance significativo en una negociación global» que repare «las instituciones del país» y permita elecciones libres.

Esa voluntad política fue puesta de manifiesto por Antony Blinken, Josep Borrell y Marc Garneau, máximos representantes de la diplomacia de esos países, en un documento que firmaron conjuntamente a fines de junio. En él abogaron, además, por una “solución pacífica” que parta “del propio pueblo venezolano” y que se canalice a través de las estructuras políticas venezolanas.

Estos puntos revelan un cambio radical de enfoque con respecto a la propuesta inicial de Estados Unidos durante el gobierno de Trump, cuando Mauricio Claver Carone, entonces asesor de seguridad para el Hemisferio Occidental de la Casa Blanca y Elliot Abrahams, enviado especial para Venezuela, consideraban, a principios de 2019, que Juan Guaidó era quien tenía que convocar elecciones en ese país. Para ambos, Maduro, era solo un ciudadano más de Venezuela y, como tal, solo podría hacer esa oferta al gobierno interino presidido por Guaidó. “Nosotros no reconocemos a Maduro como presidente y desde nuestra perspectiva no tiene la autoridad para convocar nada”. Entonces el Grupo de Lima apoyaba incondicionalmente esa inconducente actitud que, solo agudizó la crisis y el sufrimiento. Sin considerar que Venezuela tiene un régimen cívico-militar, el Grupo alentaba a las Fuerzas Armadas a desconocer a Maduro.

Bajo el enfoque de las negociaciones promovidas por el gobierno de Biden, en consonancia con la Unión Europea y Canadá, las posibilidades de llegar a un acuerdo entre el gobierno y la oposición empiezan a ser viables. Así lo señala el memorando de entendimiento firmado entre las delegaciones encabezadas por el presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista Jorge Rodríguez, y el abogado de la oposición Gerardo Blyde. Ambos calificaron las reuniones de “constructivas” y anunciaron que las retomarían del del 3 al 6 de septiembre.

Los avances de las negociaciones fueron respaldados por un nuevo comunicado conjunto de los tres gobiernos mencionados, que Juan Guaidó agradeció. Lo propio hicieron otros gobiernos latinoamericanos, incluido el peruano.

Nuestra cancillería emitió un comunicado en el que “respalda plenamente” el acuerdo entre las partes, destaca el marco de referencia y la agenda que guiará el proceso de negociación y hace explícita la política exterior del Perú frente a la situación en Venezuela al señalar que esta “se seguirá guiando por la aplicación de las normas del derecho internacional, los compromisos adquiridos en la región en el marco de la Carta Democrática Interamericana y el respeto a los derechos humanos, propiciando y respaldando todas las acciones internacionales que puedan coadyuvar al esfuerzo de los venezolanos, en este caso el gobierno y la Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana, para encontrar una solución en beneficio de su pueblo”.