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Estocadas desde el extranjero a Fuerza Popular

Publicado: 2021-06-25


En los últimos días, Fuerza Popular ha recibido varias estocadas de la comunidad internacional. La primera tuvo lugar el martes 22, cuando el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un comunicado en el que felicitó a las autoridades peruanas “por organizar de manera segura otra ronda de elecciones libres, justas, accesibles y pacíficas” y que “estas representan un modelo de democracia en la región”. Indubitablemente, este le quita el piso a la teoría de fraude del fujimorismo en su campaña para impedir el legítimo triunfo de Pedro Castillo a la presidencia de la república.

El pronunciamiento brindó también una suerte de carta de garantía a las instituciones del Poder Electoral para que continúen su trabajo, de acuerdo a nuestra legislación. Sus directivos han sido el blanco de la campaña de desprestigio del proceso electoral vía amedrentamiento, pedido de renuncia del presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de parte de congresistas allegados al fujimorismo, insultos al presidente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) e, inclusive, acusaciones infundadas del expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, quien se atrevió a afirmar que había cuadros venezolanos infiltrados en este organismo.

No es casual que el pronunciamiento del Departamento de Estado de EEUU haya tenido lugar el día en que miembros retirados de las Fuerzas Armadas se manifestaran en un espacio público y desafiaran al presidente Sagasti por haber puesto a consideración del Ministerio Público la carta que estos remitieron al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en la que les piden desconocer los resultados electorales de la segunda vuelta, en un claro intento golpista.

El daño causado a la imagen de nuestro país es un pasivo más en la cuenta de Fuerza Popular y sus aliados. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que no puede ser calificada de terrorista, castro chavista, comunista o caviar, ha tenido que emitir, paralelamente al comunicado del gobierno estadounidense, un pronunciamiento en el que expresa preocupación ante las denuncias por actos de hostigamiento contra autoridades electorales y personas que participan en la vida pública en el Perú. Asimismo, por los reportes sobre la difusión de discursos estigmatizantes que alientan a la discriminación por origen étnico-racial, situación socioeconómica, y otras condiciones sociales de las personas, principalmente de indígenas y habitantes de zonas rurales del país

En el año del bicentenario de la República, generamos preocupación internacional por el acoso a personas por sus opiniones políticas, que incluyen el denominado hostigamiento digital (doxing) que consiste en la divulgación de información personal confidencial con fines intimidatorios o extorsivos. La CIDH ha tenido que hacer un llamado al Estado a brindar las más amplias garantías para que periodistas y medios de comunicación desempeñen su labor. Ello se debe a las diversas denuncias de presión en relación con la línea informativa de la cobertura de las elecciones, lo que en algunos casos habría resultado en renuncias forzadas. Inclusive la asociación de  prensa extranjera acreditada en el Perú, emitió días antes un comunicado en el que denuncia la condena, el acoso y difamación del que son víctimas de manera sistemática varios corresponsales.

La bochornosa situación electoral en el Perú ha recibido también la atención de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet quien ha repudiado “los discursos de odio y la discriminación en todas sus facetas, inaceptables en cualquier sociedad democrática”, en alusión a los calificativos utilizados por el entorno de Fujimori contra Pedro Castillo y sus seguidores en razón de su etnicidad.

Pero nada de esto resultó suficiente. El miércoles 23 en la noche, Fuerza Popular continuó con su operativo de desestabilización. Después de que el JNE declarara infundados diez pedidos de nulidad de Actas de parte de Fuerza Popular, el magistrado Luis Arce Córdova --investigado por el presunto delito de organización criminal en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto y por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito entre 2011 y 2018-- declinó a su cargo para “evitar que sus votos sean utilizados para convalidar falsas deliberaciones constitucionales que son en realidad decisiones con clara parcialización política en el Pleno del Jurado Nacional”.

Bajo ese paraguas, líderes políticos de los partidos que respaldan a Keiko Fujimori exigieron ayer, al presidente Sagasti, que solicite una auditoría a la OEA sobre la segunda vuelta electoral “si no quiere ser cómplice de un fraude”. Asimismo, hicieron un llamado al canciller para que a su vez le exigiera al presidente que lo hiciera y, si no, renunciara, toda vez que no se puede ser canciller de un gobierno que está validando un fraude sin tener responsabilidad”.

Horas después, Fuerza Popular y sus aliados recibieron nuevos sablazos. La primera, de parte de la mismísima Misión de Observación de la OEA, la entidad que, de acuerdo a dichas exigencias, debía dar el veredicto para que los resultados fueran aceptados por los contrincantes. La entidad lo dio al saludar y resaltar que el sistema peruano cuenta con las garantías del debido proceso, y que este, y los procedimientos empleados por los Jurados Electorales Especiales (JEE) que resolvieron las actas observadas, así como las acciones de nulidad presentadas y las apelaciones ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realizaron con apego a la ley.

Asimismo, calificó como “insólita” la renuncia del Magistrado Luis Arce Córdova al Pleno del JNE en un momento tan delicado del proceso electoral y rechazó las manifestaciones realizadas en los domicilios particulares de los miembros de las autoridades electorales, conductas que consideró inaceptables en una democracia.

A continuación, la Unión Europea y sus Estados miembros en nuestro país emitieron otro comunicado en el que consideraron que el proceso electoral del 6 de junio fue libre y democrático y que confían que las autoridades electorales darán solución a los litigios pendientes dentro de los cauces legales establecidos. Lo propio hizo el gobierno de Canadá, y la organización Transparencia que, en un comunicado, deploró la irregular decisión del señor Luis Arce Córdova de apartarse de sus funciones como miembro del Pleno del JNE, a la par que hacía suya la evaluación realizada por la Misión de Observadores de la OEA:

A pesar de los mensajes del gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea y sus Estados miembros, y organismos internacionales, Fuerza Popular continúa con su propósito de instalar un clima de ilegitimidad de las elecciones. Al recurso de Habeas Data --denegado por el JNE-- la demanda de acción de amparo al Poder Judicial para declarar la nulidad de las elecciones de segunda vuelta --presentado por el ex juez Villa Stein-- y la renuncia del magistrado del JNE, se suman las movidas que tienen lugar en el Congreso. El miércoles se aprobó un dictamen exprés de una ley de interpretación de la cuestión de confianza, que podría debilitar la posición de Castillo frente al poder legislativo. Asimismo, continúan con el proceso de selección de magistrados del Tribunal Constitucional a pesar que Fujimori dijo en campaña que debían ser designados por el nuevo Congreso.


Escrito por

Ariela Ruiz Caro

Economista. Consultora internacional en temas de comercio, integración y recursos naturales @arielaruizcaro


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