Las protestas sociales en Colombia y la elección de los 155 delegados de la Convención Constituyente que redactará una nueva Carta Magna en Chile, para reemplazar el rol subsidiario del Estado por uno más protagónico, constituyen señales que no deben pasar desapercibidas en nuestro país.

Con el récord de ser la segunda economía con mayor desigualdad de la región –y un nivel de pobreza monetaria de 42%– Colombia se desangra con las interminables manifestaciones que estallaron el 28 de abril y que ya han segado cerca de 60 vidas sin que aún se haya llegado logrado un acuerdo con el gobierno. Estas se iniciaron con la presentación de una reforma tributaria que afectaba a los sectores de menores recursos, que un atribulado presidente Duque tuvo que retirar, junto a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Las protestas en ese país se iniciaron en octubre de 2019, al mismo tiempo que en Chile, pero fueron disipadas con el ofrecimiento del gobierno de reunirse con las fuerzas políticas y organizaciones sociales para lograr acuerdos consensuados sobre una reforma tributaria, entre otros. El gobierno, entonces, le dio largas, apareció la pandemia y haciendo caso omiso a las propuestas de la ciudadanía, presentó la reforma tributaria antipopular el 15 de abril, que desató las recientes protestas. Los colombianos reclaman hoy una renta básica temporal para hacer frente al desempleo derivado de la pandemia, la eliminación de las aspersiones con glifosato, el retiro del proyecto a la reforma de la salud privatizadora, defensa de la producción nacional y fin de las privatizaciones. Además, exigen desmilitalizar las ciudades; acabar con el abuso de la fuerza pública (policía, ejército y Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD)).

En Chile, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que firmar un Acuerdo por la Paz en noviembre de 2019 para poner fin a las protestas sociales que estallaron el 18 de octubre de ese año por el alza de los pasajes del metro. Este incluyó la redacción de una nueva Constitución, previa consulta popular aprobada por 80% de los chilenos en octubre de 2020. Las múltiples reformas hechas al texto desde el retorno de la democracia, en 1990, no fueron suficientes para responder a las demandas de gran parte de la sociedad chilena.

El acuerdo estableció algunos criterios mínimos como mantener la definición de república, la validez de las sentencias judiciales, la intangibilidad de los tratados internacionales y un quórum de 2/3 para la aprobación de sus normas. Asimismo, sería paritaria entre hombres y mujeres y 17 escaños estarían reservados para los pueblos originarios.

En la elección de delegados de la Convención Constituyente el pasado 15/16 de mayo, los partidos de derecha no alcanzaron ni siquiera el tercio de votos, que les hubiera permitido ejercer el veto a los contenidos del texto. Apenas obtuvieron el 23% de los votos. La mayoría de delegados electos son independientes, lo que expresa el rechazo al sistema político actual y a toda la élite tradicional. Sólo el 2% de la ciudadanía confía en los partidos políticos.

La Convención Constituyente debatirá temas fundamentales como el régimen político y el sistema de gobierno, la descentralización, la plurinacionalidad, el funcionamiento de entidades del Estado como el Tribunal Constitucional y el modelo de desarrollo económico. En este ámbito se abordaría la autonomía del Banco Central, el fin a las privatizaciones, la implementación de un sistema de salud universal y el retiro de este sector y el de la educación de la esfera del mercado, el fin al sistema privado de fondos de pensiones (AFP), entre otros. Asimismo, se buscará replantear las formas de producción de tal manera de darle un mayor valor agregado para dejar de ser sólo una economía extractivista, recuperar los recursos naturales y desprivatizar el agua.

A un año de las elecciones presidenciales, el precandidato presidencial Gustavo Petro, del izquierdista Colombia Humana, tiene grandes posibilidades de triunfar.

En Chile, cuando faltan seis meses para las elecciones presidenciales y congresales, y menos de dos para las primarias, los resultados electorales recientes perfilan la tendencia política a la que pertenecería el próximo presidente. Sebastián Piñera cuenta sólo con un 9% de aprobación, mientras que los resultados de las recientes elecciones han impulsado las candidaturas presidenciales de Daniel Jadue (Partido Comunista) y de Gabriel Boric (Frente Amplio) quienes se enfrentarán en una elección primaria el 18 de julio.

Ad portas de las elecciones, en el Perú subsiste un embalse de demandas insatisfechas. El modelo neoliberal parecería no dar para más. Cualquier chispazo podría lanzar a la ciudadanía a las calles, con la misma intensidad que en los países vecinos, aquella que logró destituir en noviembre pasado, al gobierno de Merino.