Con muchas penas y pocas glorias, los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico han cumplido diez años el 28 de abril, el mismo día en que se inició el paro nacional en Colombia que ha dejado más de 50 muertes y centenares de heridos por la brutal represión denunciada, entre otros, por Naciones Unidas, la Unión Europea y hasta la OEA.

En 2011 Lima fue la sede en la que los entonces presidentes de México, Chile, Colombia y Perú formaron dicha Alianza, como una iniciativa de integración económica, política y de cooperación en América Latina. Los cuatro países tenían Tratados de Libre Comercio (TLC) con varios países, además de Estados Unidos, requisito para formar parte de este selecto grupo. Entonces, gozaban de buena salud económica gracias al boom de los precios de las materias primas.

Estos países ofrecían un mercado abierto, estabilidad macroeconómica, amplios derechos a la propiedad intelectual –mayores a los exigidos por la Organización Mundial de Comercio– ninguna restricción a las inversiones extranjeras directas –ni siquiera a los capitales financieros– y eran consideradas economías emprendedoras que actuarían como puerta de entrada a Asia.

A su vez, esta dinámica les permitió el acceso a créditos a bajas tasas de interés, pues las calificadoras de riesgo les ponían buenas notas ya que además eran señalados como ejemplos a seguir en América Latina. Efectivamente mostraron tasas de crecimiento sostenidas y redujeron la pobreza monetaria, fenómenos que no fueron ajenos al resto de la región que se vio beneficiada por los altos precios de las materias primas. Sin embargo, el descontento y las protestas sociales en tres de sus socios permiten inferir que las estrategias y modelos económicos sellados con la firma de Tratados de Libre Comercio generaron un crecimiento concentrado y excluyente que no satisface a las mayorías.

La Alianza del Pacífico surgió como un contrapeso a la Unión Sudamericana de Naciones (Unasur) iniciativa brasileña plasmada mediante un Tratado Internacional suscrito en 2008 por todos los países de este subcontinente, que tuvo un rol destacado en la solución de conflictos políticos en la región. Ambos eran incompatibles y respondían a intereses geopolíticos opuestos que colocaban a cada uno de los países de la región ante una disyuntiva. Surgió, además, como un intento por contrarrestar al Mercosur de aquel momento –más ideologizado y proteccionista– que había acogido a Venezuela en 2006, después de su retiro de la Comunidad Andina cuando Perú y Colombia suscribieron el TLC con Estados Unidos.

La Alianza del Pacífico formaba parte del proyecto de Barack Obama de reafirmar el poder económico y militar en la región del Pacífico para contrarrestar a China, mediante el Acuerdo de Cooperación Transpacífico (TPP). Entonces, las políticas neoliberales estaban vigentes en Estados Unidos hasta que asumió Trump en 2017, se retiró del TPP, e instrumentó medidas proteccionistas. El presidente Beiden ha continuado con estas, así como con una política más expansiva del gasto fiscal y una mayor intervención del Estado en la conducción económica.

Uno de los principales logros que se le atribuye a la Alianza del Pacífico es haber logrado la desgravación de más del 95% de los productos que se comercializan entre los cuatro países, sin mencionar que el comercio entre estos cuatro países no llega al 3%. Otras iniciativas como la integración de las cuatro bolsas de valores a través del Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), la creación de un Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y de una plataforma de movilidad estudiantil, la inclusión de temas como la igualdad de género, la gestión de residuos plásticos en la cuenca del Pacífico o la reciente iniciativa de crear un Mercado Regional Digital no requieren de esa instancia para ser abordados.

Los 59 países que se anotaron como observadores de este cuarteto de países ejemplares –entre los que se encuentran países de peso importante, como China, India, Alemania y el Reino Unido– deben estar observando con preocupación, los desbordes sociales derivados de la creciente desigualdad, así como la crisis política y el panorama electoral en el Perú.

Después de las multitudinarias manifestaciones que estallaron en Chile, en octubre de 2019, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que aceptar cambiar la Constitución de 1980, hasta entonces considerada una suerte de Biblia intocable para el establishment chileno. Los delegados que conformarán la Asamblea Constituyente para redactar la nueva Constitución en un plazo máximo de un año, fueron elegidos la semana pasada y la configuración permiten inferir que Chile pondrá fin al modelo neoliberal y reemplazará el rol subsidiario del Estado por uno más protagónico.

En Colombia las demandas sociales datan de 2019 y reclaman una reforma policial, rechazan la reforma privatizadora de la salud, exigen la defensa de la producción nacional y fin a las privatizaciones. En el Perú, existe un descontento social contenido y prevalece una crisis de representación política que nos conduce a un escenario incierto. México no es ajeno a estos problemas, pero las elecciones las ganó en 2018 un presidente populista con un discurso de izquierda, que tiene todavía el respaldo de más de 50% de la población.

En un mundo en el que las grandes potencias desconfían del mercado para solucionar las desigualdades, los fuegos artificiales lanzados con la creación de la Alianza del Pacífico podrían ser reemplazados por crespones negros en su décimo aniversario.