Las explicaciones sobre la idoneidad de la vacuna BBIBP-CorV, producida por Sinopharm ayer en el Congreso por la Premier Violeta Bermúdez, el ministro de Salud, Oscar Ugarte, y el Canciller, Allan Wagner, deberían haber tranquilizado a los representantes del Poder Legislativo y contribuido a restablecer la confianza de la ciudadanía en el proceso de vacunación. Las falaces afirmaciones en el canal Willax del biólogo Ernesto Bustamante, asesor en temas de salud y candidato de Keiko Fujimori al Congreso con respecto a la validez de dicha vacuna han sido nuevamente desmentidas. Antes lo había hecho el Colegio Médico del Perú, la Universidad Cayetano Heredia, el propio laboratorio Sinopharm y el lunes, en la Comisión de Salud y Población del Congreso, la doctora Coralith García, responsable del ensayo clínico de la vacuna en la UPCH en el Congreso.

Como se recordará, Bustamante nos dijo el viernes pasado, acompañado por el coro del periodista Beto Ortiz en su programa Beto a Saber, que las vacunas carecían de eficacia, por lo que debía iniciarse un nuevo proceso de vacunación con Pfizer. El candidato presidencial Rafael López Aliaga, parte del operativo, pidió la vacancia de Sagasti y dijo que los peruanos nos merecíamos las mejores vacunas.

Difundir un documento parcial, de una investigación confidencial es de por sí un delito. Pero manipular la información y engañar a la ciudadanía al aducir la invalidez de la única vacuna que el país disponía, responde a una conducta que debe ser sancionada. Más de cien ciudadanos han interpuesto una denuncia penal contra el conductor del programa por el presunto delito de perturbación a la tranquilidad pública (artículo 315-A del Código Penal). Se califica la falta “como un hecho que cruza la línea de la libertad periodística e incide en un terreno delictivo”. Sin embargo, no se conoce de ninguna sanción al biólogo Bustamante de parte de su gremio.

Rafael López Aliaga, muy suelto de huesos, afirma que ningún país ha aprobado el uso de la vacuna de Sinopharm. El laboratorio estatal Sinopharm produce dos de las doce vacunas ya aprobadas para su uso de emergencia en la Organización Mundial de la Salud: la denominada Vero-Cells, con cepa de Wuhan cuyo uso está aprobado solo en China y Emiratos Árabes Unidos, y la vacuna BBIBP-CorV, con cepa de Beijing, cuyo uso está autorizado en 20 países, entre ellos, el Perú. Los ensayos de Fase III de esa vacuna se han llevado a cabo en nuestro país, Argentina, Egipto, Jordania, Bahréin y los Emiratos Árabes Unidos.

Este último país --donde se les inoculó la vacuna de Sinopharm a las infantas Elena y Cristina, hijas del rey emérito de España-- informó una eficacia del 86% para la vacuna con la cepa de Beijing, la misma que se usa en el Perú. Días antes, el rey de Marruecos Mohamed VI y el primer ministro húngaro, Viktor Orban, recibieron la misma vacuna. Esta se usa además en Serbia, Hungría, Bolivia, Guyana, Laos, Seychelles, Guinea Ecuatorial, Zimbabwe, entre otros. Hace dos días, México acordó la compra de 12 millones de dosis.

En el Perú, los médicos infectólogos Juan Villena, Fernando Mejía y Antonio Quispe, entre otros, han coincidido en señalar que la vacuna no previene el contagio (esto ocurre con las otras también) sino el desarrollo de la enfermedad. En particular, la vacuna autorizada en el Perú otorga a los pacientes una protección de 91% de ser hospitalizados.

La poca disponibilidad de vacunas y el hecho de que primero hayan llegado al país las “inservibles vacunas chinas”, han dado lugar a la presión del sector privado para que les autorice la compra directa de vacunas a los laboratorios. Aunque la legislación lo permite, Sagasti manifestó su desacuerdo porque daría lugar a un acceso inequitativo. Tiene razón. Ayer los congresistas reiteraron ese planteamiento ante los representantes del Gabinete. Además, el Poder Judicial admitió a trámite una demanda de acción de amparo, contra la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Salud y el Congreso de la República presentada por el alcalde de la Molina. Este recurso busca que el sector privado, los gobiernos regionales y locales puedan comprar vacunas contra el coronavirus. Se ha otorgado cinco días a las partes demandadas para que respondan.

La compra directa de las vacunas por parte del sector privado se enmarca en el sálvense quien pueda y no se ajusta a los criterios definidos internacionalmente para erradicar la pandemia. En este escenario de escasez de vacunas, los Estados desarrollados, como la abrumadora mayoría de los que no lo son, tienen el control de las compras y definen un cronograma de vacunación que responde al bien común.

El sector privado actúa como si desconociera que hay literalmente una guerra global por conseguir las vacunas, que la oferta es insuficiente, que los países desarrollados las han acaparado en números que duplican y hasta triplican sus necesidades, que el mecanismo de financiamiento Covax ―una iniciativa de colaboración global de financiamiento, de la que participa Bill Gates, con miras a una distribución equitativa de las vacunas― es un fracaso. Así lo ha denunciado el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en nombre de América Latina y el Caribe ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 17 de febrero. Las vacunas llegan a cuenta gotas.

Una investigación conjunta del Bureau of Investigative Journalism y Ojo Público de Lima da cuenta de que Pfeizer exigió a algunos Gobiernos que pusieran sus activos soberanos como garantía contra el costo de futuros casos legales frente a eventuales efectos adversos de las vacunas. Argentina y Brasil no llegaron a ningún acuerdo. En el caso de Chile y Perú que sí los firmaron, Pfizer solicitó incluir cláusulas muy duras que eximían la responsabilidad de la empresa ante posibles efectos adversos. Con matices, todos los contratos para la adquisición de vacunas incluyen cláusulas de exoneración de responsabilidades que deben ser garantizadas por el Estado.

¿Creen las empresas que con tanta vehemencia quieren comprar las vacunas, que los laboratorios no les van a pedir esas garantías porque se consideran supereficientes? Quizá piensan que la garantía la debe poner el Estado, al igual que nos cargó a todos los peruanos las deudas privadas en la década de los ochenta. Sería conveniente que Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y Hernando de Soto, que con tanta soltura afirman que conseguirían las vacunas para toda la población “en un ratito”, expliquen cómo sortearían estas condiciones.

Mientras en el Perú la ciudadanía es víctima de campañas desinformativas y difamatorias, desde ayer se realiza una reunión en el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en donde se discute la propuesta presentada por India y Sudáfrica en ese organismo en octubre pasado. Esta propone suspender temporalmente los derechos de propiedad intelectual para los procesos de tratamiento y prevención de la covid-19, hasta disponer de una oferta suficiente de vacunas. Ambos países, así como Brasil y Singapur, entre otros, tienen la capacidad para producirlas de forma masiva, pero no disponen del conocimiento. Más de cien países miembros respaldan la iniciativa, pero se oponen los países sede de la industria farmacéutica: Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, Reino Unido, Suiza y Canadá. Su rechazo está bloqueando la propuesta. ¿Cómo vota el Perú?

La liberación temporal de las patentes parecería ser el único camino viable para disponer de una oferta de vacunas suficiente para erradicar la pandemia. Hasta que no haya una oferta adecuada, el sector privado haría bien en limitarse a poner sus capacidades de gestión al servicio de las prioridades de vacunación del país y, los medios de comunicación, a facilitar la campaña, en lugar de confundir a la población y romper sus esperanzas. El proceso debe continuar. Las doce vacunas ya aprobadas en el mundo son altamente eficaces para proteger a la población de desarrollar formas graves de la enfermedad. Debemos frenar la muerte por esta enfermedad.